Análisis del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública

El día de hoy, martes 6 de noviembre, el Presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, que busca “modernizar la manera de enfrentar la lucha contra la delincuencia”. Desde cierto punto de vista el proyecto contiene medidas pertinentes y positivas para el país, sin embargo, la propuesta en cuestión exhibe una serie de falencias que, como Leasur ONG, creemos que resulta relevante destacar.  Con este propósito compartimos el análisis elaborado por distintas organizaciones públicas del país, sobre los puntos de esta iniciativa, según fueron inicialmente mencionados en el discurso presidencial de mayo de este año.

Para acceder al documento completo pueden hacer click aquí.

EN RESUMEN

El documento ‘Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública’ es una iniciativa innovadora que revela un genuino interés por modernizar la capacidad policial del Estado . Sin embargo, adolece de cuatro principales falencias. Primero, el documento no expone cuáles son los problemas que motivan su elaboración. El ‘Acuerdo Nacional’ no describe tendencias o estadísticas criminales ni informa sobre los puntos críticos del sistema policial, de justicia, o carcelario. Frases como responder al “clamor ciudadano” en contra de la violencia (p.51) resultan vagas y ambiguas.

Segundo, la denominación ‘Acuerdo Nacional’ es equívoca. El documento no constituye, de ninguna manera, un acuerdo nacional, ya que en su elaboración no participaron entidades clave como, por ejemplo, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile ni miembros del Poder Judicial. No se considera en ninguna medida el rol crucial de la Defensoría Penal Pública y Gendarmería de Chile, que son instituciones en permanente contacto con población penal y, por lo tanto, conocedores de primera fuente de las causas de la delincuencia. Salvo la participación del Alcalde Jorge Sharp, tampoco hay representación de autoridades o instituciones regionales. Tampoco se trata de un acuerdo sobre la seguridad pública en Chile. El documento es, más bien, una propuesta de modernización del trabajo que realizan Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Contiene propuestas limitadas para abordar de manera multisectorial el problema de la delincuencia.

Salvando el problema sobre su denominación, el documento contiene propuestas cruciales que pueden contribuir enormemente a la modernización de la gestión policial. Son notables, por ejemplo, las propuestas para especificar la división de funciones entre Carabineros y PDI, promover una política de género dentro de las fuerzas armadas, incorporar modelos modernos de gestión interna, implementar auditorías externas, favorecer la investigación sobre la gestión policial en Conicyt, y fortalecer el modelo educativo de las policías, entre otros. Las medidas para el fortalecimiento en el control y fiscalización de la tenencia de armas de fuego son cruciales para prevenir el comercio y uso ilegal de armas de fuego en Chile.

Las propuestas de modernización son fundamentales, pero descansan en una evaluación meramente formal del éxito de estas propuestas. Por lo mismo, se requiere mayor precisión en los indicadores sustantivos de evaluación de desempeño institucional. Los nuevos lineamientos exigen mejoras en la gestión, metas de desempeño, y estandarización de resultados, pero no están acompañadas de una medición sustantiva de éxito. La falta de indicadores sustantivos arriesga poner el foco en delitos fáciles de detectar, pero irrelevantes. Este énfasis puede terminar en peligrosas distorsiones y manipulación de resultados. La imposición exagerada de medidas administrativas podría significar que las policías resulten exhaustas con formalidades que satisfagan metas de gestión, pero que no impliquen en ninguna medida atacar la delincuencia como problema de fondo.

Aunque hay un reconocimiento importante al rol de las organizaciones comunitarias, el acuerdo desconoce el rol crucial de la ciudadanía en tanto agente para el control de calidad de las actuaciones de las policías. El acuerdo no ofrece modernización de las herramientas para denunciar y reportar abusos policiales. De hecho, la propuesta 12 sostiene que serán las mismas policías las encargadas de implementar un sistema de conocimiento y resolución efectiva de reclamos ciudadanos(!). No se contempla el fortalecimiento del rol fiscalizador del Instituto Nacional de Derechos Humanos ni se considera el acceso a la ciudadanía a los tribunales de justicia o al Ministerio Público para reportar faltas, abusos o negligencia policial. El control de la gestión policial queda mayoritariamente en manos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Finalmente, el documento conduce a error, debido a que promete contener medidas para abordar la delincuencia, pero restringe su alcance a delitos determinados relacionados con labores de inteligencia (prevención de lavado de activos, narcotráfico, terrorismo y cibercrimen). El documento no contiene medidas explícitas a este respecto (salvo fortalecer instancias de coordinación institucional). Para avanzar en la solución del problema de la delincuencia no solo se requiere modernizar las policías, sino también promover la coordinación entre las policías e instituciones educacionales, de salud pública, organizaciones comunitarias o deportivas. La reducción del problema de la seguridad pública a un asunto de mera gestión interna elude la pregunta por la importancia de la labor policial en la efectiva reducción de la delincuencia.

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