Christopher Uggen, experto en privación de derechos políticos de la población penal: “Los presos también demandan mayor precisión en la justicia, igualdad en los procedimientos y proporcionalidad en las sentencias”

 

Christopher Uggen es profesor del departamento de sociología de la Universidad de Minnesota. Es también Vicepresidente de la American Sociological Association y editor de The Society Pages, uno de los blogs de sociología académica más visitados en Estados Unidos. Se le conoce tanto en el mundo político como académico por su investigación sobre el impacto de la privación de derechos políticos de la población penal en dicho país (en inglés, felon disenfranchisement). Su imagen como sociólogo comprometido con causas públicas es conocida y es citado frecuentemente en medios como The New York Times y The Washington Post. También ha sido invitado a Washington a exponer sobre los beneficios de crear políticas públicas que entreguen derechos políticos a la población penal.

El profesor Uggen se dio tiempo en su apretada agenda para conversar con Leasur sobre el caso chileno.

Profesor, ¿podría contarle un poco a la gente en Chile cuáles son los orígenes de la privación del derecho a voto a la población penal?

Desde los orígenes de la historia, la restricción del derecho a voto se ha materializado de distintas maneras. Así, por ejemplo, en Estados Unidos el derecho a voto estuvo inicialmente restringido exclusivamente a los hombres o a la posesión de propiedades, o a cierta raza, etc.  Pero a través del tiempo, el mundo ha experimentado una tendencia hacia la democracia, lo que ha traído también consigo una disposición a ampliar y expandir el derecho a voto de manera universal.

Generalmente encontramos tres grupos a los que se les ha excluido de la posibilidad de ejercer el derecho a voto: menores, enfermos con graves problemas de salud mental y personas que tienen algún tipo de anotación en su registro criminal. Entre las naciones modernas, Estados Unidos es un caso particularmente severo, ya que tiene una legislación muy restrictiva y una enorme población penal sujeta a estas restricciones. Aquí no puedes votar si estás en prisión, pero en la mayoría de los estados tampoco puedes hacerlo si estás cumpliendo con medidas de libertad vigilada (probation) o con libertad condicional (parole). Incluso, en muchos casos puedes estar privado de derecho a voto de por vida. Estamos hablando de una población de aproximadamente 6 millones de norteamericanos.

¿Cuáles son los riesgos de privar de derecho a voto a la población penal?

En primer lugar, significa que los votos que obtienes no representan realmente a la población y al electorado. Esto, particularmente en Estados Unidos, ha significado que los pobres y que la población de color sean excluidos del debate político.

Aunque esta situación puede afectar las elecciones en términos del partido que gana, también afecta los focos de atención de debate público: problemas de justicia ambiental, justicia económica, políticas salariales, problemas de salud públicas. Respecto de todos estos problemas estamos dejando sin participación a un gran número de voces.

Además, prohibir el derecho a voto deja una marca en los presos como “ciudadanos de segunda clase”.  Refuerza la identidad de ser un extraño (outsider) en la comunidad. Votar es un símbolo de inclusión. Prohibirles el voto marca a los presos como diferentes y, por lo tanto, disminuye su interés y voluntad para participar en la protección de otros bienes cívicos. También diluye la fuerza política de los grupos más desaventajados.

La gente cree que por dar derecho a voto va a haber un cambio en la política criminal. Se pregunta ¿cómo el voto de los presos va a afectar al delito?

En realidad no hay muchas diferencias entre los que están en prisión con los que están afuera. A veces la gente dice: “si los presos pueden votar, van a querer legalizar el crimen”. Esa es una idea equívoca. Un interno, de aproximadamente 30 años (que había estado encarcelado otros 15), una vez me comentó: “¿Cuál es el miedo que podamos votar? ¿De verdad creen que vamos a votar por alguien que apoya el crimen organizado? Es ridículo.” Y de hecho, la gente que está presa tiende a adherir a actitudes punitivas también.

La diferencia es que la población penal también demanda también mayor precisión en la justicia, mayor igualdad en los procedimientos y mayor proporcionalidad en las sentencias, por ejemplo.  No puedo decir que no haya presos que son abolicionistas, pero esa está lejos de ser la regla común. Además, tal como la sociedad tiene estratos diferenciados, también esas diferencias existen en la cárcel. La población penal tiene distintos puntos de vista, necesidades y problemas.

¿Qué muestra la evidencia empírica sobre las personas que recuperan el derecho a voto?

No puedo asegurar que hay una relación causal, pero sí se ha visto asociación entre recuperar el derecho a voto y menor probabilidad de cometer un nuevo delito. En la comparación que hicimos en los estados de Oregon y Minnesota, votar es un gran predictor de desistencia (cesar la actividad delictiva). Además, las personas con derecho a voto son más proclives a cumplir con las condiciones de libertad condicional y libertad vigilada. Es como el efecto del matrimonio. Está probado que casarse disminuye las probabilidades de volver a cometer un crimen. ¿Por qué? Porque el matrimonio representa construir una relación de compromiso y conexión. Entonces votar es parecido al matrimonio, porque representa el sentido de inclusión en una comunidad y la participación como un ciudadano adulto en sociedad.

El mejor argumento entonces para recuperar el derecho a voto es que necesitamos que la población penal mantenga contacto con nosotros afuera. Necesitamos su interés y sentido de participación cívica, que es muy difícil que encuentre en otros lugares. Pensemos que 90% de la población penal en general retorna a sus comunidades y se reintegran a la sociedad. Queremos que esos presos estén lo más conectados e integrados posible.

Además, hay que pensar en el futuro y en los hijos de la población penal que está siendo excluida. La evidencia demuestra que el mayor predictor de que los hijos voten es que los padres voten, entonces estamos pensando en una política que tiene importantes efectos para el futuro.

En Chile hay muchos mitos en torno a la imagen del “preso”, que son peligrosos y que debieran ser totalmente excluidos… También se dice que una persona que ha quebrantado la ley o que ha sido desleal con la comunidad no es apto para participar, ¿cómo se puede uno enfrentar a este argumento?

Creo que este asunto de la “idoneidad moral” de los votantes es interesante. En Alabama, por ejemplo, la ley no habla de “crímenes” (felonies), sino de “crímenes de depravación moral” (crimes of moral turpitude). Es un “examen moral” que no se le aplica a ningún otro grupo de ciudadanos o votantes. La democracia ha decidido que no vamos a hacer exámenes previos de aptitud moral o conocimiento político para probar que un votante es o no digno de confianza.  Es como volver a la práctica del destierro, que buscaba excluir a miembros de la comunidad.

A lo más este argumento aplicaría en ciertos crímenes, como el delito de traición a la patria o crímenes políticos, más que para un ladrón o para alguien que ha consumido una droga. El problema es que cuando se priva del derecho a voto, se priva a toda la población penal, sin consideración a los matices específicos de cada caso.

Uno de los grandes problemas que ha enfrentado la campaña #VotoPreso es el poco respaldo político de los partidos más tradicionales, de ambos sectores, izquierda y derecha. ¿Cuál es la estrategia para enfrentar esta falta de respaldo?

Es difícil. En mi experiencia, para cualquier cambio en las leyes electorales, los partidos políticos están muy preocupados sobre el posible beneficio o perjuicio en términos de votaciones. En mi trabajo, he visto que los votos de los presos reflejarían los votos de la población en libertad con las mismas características sociodemográficas.  Por eso, en Estados Unidos al menos, hemos visto que el restablecimiento del derecho a voto podría beneficiar enormemente al partido demócrata, porque su electorado tiende a ser gente de color y con menos ventajas económicas. En nuestra investigación, estimamos que los demócratas obtendrían 70% del voto de la población penal. Pero también predecimos bajos niveles de participación.

Por otra parte, la razón por la cual en Estados Unidos y otras naciones hay partidos resistentes al cambio es por el estigma que trae aparejado ser un criminal o apoyar a la población penal. Esto también revela cómo marcamos a individuos con estigma criminal, pero también a todos a su alrededor. Cualquiera que esté dispuesto a apoyarlos termina también por ser estigmatizado. Esta es una de las razones que subyace al proceso de encarcelamiento masivo en Estados Unidos. Cuando la derecha estadounidense inició su campaña de “duros contra el crimen”, la izquierda no pudo detener el fenómeno. Aparecer como “suave” frente al crimen conlleva altos costos políticos. Nadie puede decir “las penas son muy altas, estamos castigando demasiado”, porque si no la gente cree que eres un criminal también. Al Gore y toda esta gente trató de verse igual de duro que Ronald Reagan o Richard Nixon. Esto creó un conjunto de políticas irracionales y efectos sociales perjudiciales en términos de exclusión y encarcelamiento prolongado sin ningún tipo de beneficio adicional para la seguridad pública. La sociedad con esto pierde a personas, su habilidad para contribuir, su fuerza laboral, su capacidad para pagar impuestos, etc. Esa es la consecuencia más tangible.

¿Has hablado con presos en Estados Unidos sobre el derecho a voto?  

Sí, de hecho esta es una de las cosas que más les molesta a los internos con los que he hablado. Me dicen “mi crimen no tenía nada que ver con mi derecho a voto”. Por ejemplo, cuando manejas en estado de ebriedad, la gente entiende que te quiten tu auto o tu licencia, porque ese es un castigo conectado con el delito cometido. Pero se excluye categóricamente a una inmensa población del derecho a voto, creo que es un castigo exageradamente amplio. Recuerdo una metáfora muy potente de una interna a la que entrevisté. Me dijo que cada vez que veía un debate político en la televisión o había una discusión política, ella sentía que le ponían sal a una herida, porque ella sabía que estaba excluida de votar Era una mujer adicta a las drogas que estaba tratando de encontrar un trabajo y reinsertarse en la comunidad….escucharla hablar de lo que tuvo que superar. No poder votar se sumaba a la lista de penas en su vida. Yo digo, ¿por qué seguir poniéndole más sal a su herida?

¿Y les preocupa poder votar?  

Sí, sobre todo el poder simbólico de ejercer su derecho a voto.

Pero sus preocupaciones primarias son otras: les preocupa poder conseguir trabajo, sustentarse y contribuir a sus familias; encontrar una vivienda y reconectar los lazos con su grupo familiar (sobre todo para mujeres con hijos que perdieron los derechos de custodia). Pero, justo después de esas prioridades, les preocupa votar. Los internos que entrevisté me contaban que cada vez que venía una elección, no les gustaba no poder participar. Y existe evidencia sobre prácticas democráticas en las prisiones de Estados Unidos. Los internos votan por sus representantes para presentar quejas a las autoridades o votan por líderes de sus asociaciones. Y toman estas actividades muy seriamente. La participación democrática no les es ajena, tienen mucho interés en participar en actividades cívicas en general. Por ejemplo, la población penal tiene una cultura de voluntariado y donaciones que es impresionante: aunque tengan escasos recursos, ellos donan a grupos o causas en el exterior. Muchos de ellos quieren mantener esa conexión con el exterior.

Quizás la gente que decide no votar no entiende el problema. Una cosa es decidir no ir a votar y ejercer tu agencia para no votar y otra cosa es estar privado del derecho a voto. Estar excluido del derecho a voto genera un sentimiento de alienación que decidir no votar no genera. Por ejemplo, tienes aquí la cocina del departamento de sociología, puedes no usarla y decidir no usarla. Pero qué pasaría si te digo “no te voy a entregar llaves de la cocina, como a todos los demás estudiantes”.

Quizás ni siquiera quieras entrar a la cocina, pero ser deliberadamente excluido genera un sentimiento de alineación.

¿Cómo es la experiencia de países donde los presos pueden votar?

Cormac Behan, en su libro “Ciudadanos Convictos”, describe la vida política de los prisioneros irlandeses y cómo las prácticas democráticas pueden funcionar en las prisiones. Claro, hay desafíos prácticos para crear urnas y definir la elegibilidad de los votantes, pero estos problemas pueden ser superados y así ha sucedido en distintos países. En Oregon, por ejemplo, se puede votar por correo. Ciertamente, se puede imaginar extender el electorado a través de estos medios, o a través de medios electrónicos. En España, incluso, se discute si los presos podrían ocupar cargos públicos. Y claro que podrían. La tecnología puede servir para ello.

De hecho, en Chile tenemos el problema de definir cuál sería la circunscripción electoral de los presos, si su lugar o comuna de origen o un distrito electoral especial “para presos”, ¿cómo se ha solucionado ese problema en otras partes?

Ese es un gran problema, por ejemplo, para el censo. ¿Dónde cuentas a la gente? En el censo la gente pertenece al lugar donde duerme la noche anterior. Para propósitos electorales es distinto. En Estados Unidos los podemos contar en su distrito local (‘home district’) o en el lugar donde residen actualmente. Entonces, por ejemplo, un estudiante universitario puede decidir si votar en su lugar de origen o el lugar donde se encuentra residiendo. Este último modelo podría ciertamente ser aplicado. Una de las objeciones que he visto al derecho a voto de los presos es que se dice que una gran prisión podría afectar al número de votantes de una localidad menor. Por eso se dice que permitir participar de las elecciones del distrito de origen sería la solución natural a este problema. Además, hay que considerar que hay mucho control sobre la población penal y sus registros, lo que disminuye las posibilidades de fraude electoral. Mi primer instinto es que su voto pertenezca a sus comunidades de origen.

Si tuvieras que dar un consejo a la gente en Chile ¿qué le dirías?

El año 2009 hicimos un estudio de distintas naciones. Las naciones más punitivas, más pobres y con mayores tasas de encarcelamiento, también tienen más intensas políticas de privación de derechos. El estudio no describe naciones en particular, pero nos demuestra ciertos patrones. Además, tenemos varios modelos alrededor del mundo para superar las barreras prácticas y muchos países lo están haciendo exitosamente. Creo que es muy atractivo pensar en el caso de Noruega. En Noruega se basan en el llamado principio de “normalidad”, que significa que las condiciones en prisiones tienen que imitar en lo máximo posible las condiciones en el exterior, de manera que la gente en prisiones esté preparada para cuando regrese a la sociedad. Se entiende que la prisión implica una restricción temporal de libertad. La idea es que no existan consecuencias colaterales posteriores. Este principio limita el alcance del castigo e impide que exista una privación total de derechos y libertades.

¿Qué le recomendarías a la gente de Leasur luchando por esta causa?

Creo que lo más conmovedor son las historias individuales de presos y sus perspectivas. Esto es lo que me ha motivado. Es cuando la investigación conecta con vidas individuales. Además, es una causa que no genera riesgos.

Muchos de los programas que abogo en políticas criminales implican asumir ciertos riesgos. Por ejemplo, permitir a los internos salir a trabajar. Pero conceder el derecho a voto no envuelve ningún riesgo a la salud pública. Es una manera de reintegrar a los internos a la comunidad sin poner a nadie en una situación de peligro. Este es un argumento potente: no hay ningún efecto negativo asociado a esta política.

También, el efecto humanizador (aunque odio ocupar esta palabra) es importante. La prensa y los relatos sobre la vida en la cárcel se basan en casos sensacionalistas. Por eso perdemos de vista la humanidad de las personas privadas de libertad.

Además, los presos pueden mantener opiniones y debates políticos contundentes. Si participaran en el debate, tendríamos más información: dónde están los vacíos legales o cómo prevenir conductas delictivas. No es que ellos no estén en contra del castigo. Al contrario.

Esta campaña sirve para probar que los presos no son monstruos, no son otra especie. Son personas tal como nosotros. Basta pasar un poco de tiempo en la cárcel. No tienes que ser un experto.  Significa mantener la idea de que tenemos cosas en común

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