DECLARACIÓN PÚBLICA ONG LEASUR

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 Santiago, 8 de noviembre 2018 

 El día lunes 05 de noviembre recién pasado, funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile movilizados decidieron paralizar sus funciones tanto en el Centro de Justicia de Santiago como en otras regiones del país. Al respecto, desde ONG Leasur declaramos lo siguiente: 

1. Entendemos los motivos por los cuales Gendarmería de Chile lleva adelante su movilización. Históricamente, el Estado de Chile ha estado en deuda con régimen laboral de quienes hoy tienen a su cargo la ejecución de las condenas privativas de libertad en nuestro país. La situación de las funcionarias y funcionarios gendarmes es parte de la crisis del sistema penitenciario en general, y de cada establecimiento carcelario en particular, tantas veces denunciada. A este respecto, instamos al Ministerio de Justicia a abandonar la pasividad y abrirse al diálogo con los funcionarios y las funcionarias, y emplazamos al Ministro Sr. Hernán Larraín, así como a los miembros de su cartera, a realizar todos los esfuerzos tendientes a resolver el conflicto a la brevedad posible. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, consideramos de extrema gravedad la situación de decenas de imputados respecto de los cuales se ha decretado la medida cautelar de prisión preventiva, quienes actualmente se encuentran en dependencias del Centro de Justicia de Santiago al no haberse permitido su ingreso a los recintos penitenciarios respectivos, y según se nos ha informado se encuentran sin acceso a bienes básicos como servicios higiénicos, agua potable y alimentos. Estimamos que, al no existir las condiciones de cumplimiento, la medida cautelar de prisión preventiva resulta del todo improcedente. 

 3. Emplazamos a los Sres. y Sras. Jueces de Garantía competentes, quienes hoy se encuentran en posición de decidir sobre la aplicación de medidas cautelares respecto de personas contra quienes se sigue un proceso penal, a no pasar por alto las condiciones materiales inhumanas en que se encuentran los imputados desde el día lunes recién pasado, y, en consecuencia, a evitar decretar la medida cautelar de prisión preventiva a su respecto. En este sentido, hacemos presente que nuestro ordenamiento jurídico contempla otras medidas cautelares, cuya aplicación permitiría mitigar en el corto plazo esta situación crítica. 

4. Los hechos ocurridos esta semana, nos llaman una vez más a reflexionar como sociedad sobre la dignidad en el trato hacia las personas enfrentadas al proceso penal y la cárcel, por una parte, y al abandono e indiferencia del Estado a su respecto, por otra. Es evidente que la crisis carcelaria afecta directamente no solo a la población privada de libertad, sino también a las y los gendarmes que hoy levantan demandas históricas, algunas de las cuales requieren de urgentes soluciones. Las autoridades competentes deben hacerse cargo de esta situación, tomando en consideración todos los elementos necesarios para construir las bases de reformas estructurales y definitivas para el sistema penitenciario chileno. 

Estamos convencidos de que como sociedad civil no podemos quedar indiferentes ante una grave vulneración a los derechos humanos como la acontecida esta semana, así como de que la administración de justicia ha de resguardar la dignidad de todos los intervinientes en el proceso penal. 

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