La Universidad de Chile, la Universidad de Edimburgo y Leasur organizan seminario sobre cárcel y salud mental

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El día 26 de octubre, se llevó a cabo el seminario «Cárceles, Salud mental y Reforma: Una mirada nacional con un contexto global», organizado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, la Universidad de Edimburgo, la Universidad de Atacama  y ONG Leasur. El objetivo del evento fue realizar un diálogo interdisciplinario entre expertos en diferentes materias, respecto a un tema muy pocas veces tratado en Chile, cual es el derecho a la salud mental de las personas privadas de libertad.

La instancia contó con la participación de Rubén Alvarado, profesor de la Unidad de Salud Mental de la Universidad de Chile; Anne Aboaja, catedrática de la Universidad de Edimburgo; Juan Santos, profesor de la Universidad de Atacama; y por parte de ONG Leasur, la investigadora Paula Pérez, con la ponencia titulada «Salud y cárcel: un tema pendiente».

Las exposiciones recalcaron la irrelevancia de la salud mental de las personas privadas de libertad para las autoridades. En Chile, solo existen dos estudios respecto a problemas de salud mental en las cárceles. En gran parte de los establecimientos penales del país no existen unidades de atención sicológica, y en muchas ocasiones ni siquiera se cuenta con personal especializado. Las visitas de siquiatras a las unidades penitenciarias del país son una excepción y en ningún caso responden a criterios programáticos establecidos por las autoridades responsables.

La carencia de una verdadera institucionalidad en materia de salud al interior las cárceles chilenas, exacerba los problemas que la literatura especializada ha constatado conlleva el cumplimiento de una pena privativa de libertad. Los internos se encuentran particularmente expuestos al envejecimiento prematuro, el contagio de enfermedades infecciosas, y una inadecuada alimentación, factores agravados en recintos penales hacinados y que cuentan con una infraestructura precaria. A nivel sicológico, la exposición constante a un ambiente eminentemente violento, conlleva altos niveles de estrés y un aumento en las posibilidades de desarrollar trastornos depresivos (Massoglia, 2008) Asimismo, la vida en ambientes carcelarios con altos niveles de hacinamiento conlleva mayores tasas de prevalencia en la comisión de suicidios en comparación con prisiones en que se presentan adecuadas condiciones de habitabilidad (Huey y McNulty, 2005, p. 507). Y el problema también posee un enfoque de género, por cuanto la mayoría de las reclusas sufre algún tipo de trastorno mental, en comparación con la población masculina.

En términos de soluciones y experiencias comparadas, Inglaterra es uno de los países pioneros en materia de salud mental y cárceles. En dicho país, la salud de los internos no depende ni de la autoridad penitenciaria ni del Ministerio de Justicia, sino que se encuentra a cargo del Ministerio de Salud, órgano que provee de servicios siquiátricos especializados a los recintos penales. De esta forma, la salud constituye un verdadero derecho para la población penal, y no un acto de buena de voluntad sujeto a la discrecionalidad de la administración.

En Chile, es necesario comenzar a debatir en torno a los problemas de salud de los internos. Antes que promover el uso indiscriminado de la cárcel, las autoridades políticas debieran procurar la vigencia de los derechos de los reclusos, y entre ellos, especialmente el derecho a salud.

 

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