Leasur asiste a reunión con la Asociación para la Prevención de la Tortura

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En el marco de la preparación de la visita a Chile del Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, a efectuarse el próximo año, la ONG suiza Asociación para la Prevención de la Tortura (ATP) realizó el día 24 de agosto una mesa de diálogo entre diferentes actores de la sociedad civil que trabajan en materia de tortura y derechos humanos en las cárceles nacionales.

La mesa fue dirigida Isabelle Heyer y Audrey Oliver, representantes de APT, y Roberto Feher, representante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU. En la instancia, los interlocutores explicaron las labores que desarrollan sus instituciones, en especial, recalcaron que el objetivo de su visita es hacer patente a las autoridades chilenas la necesidad de instalar el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, obligación que el Estado mantiene pendiente desde el año 2009.

Las instituciones asistentes expusieron los principales problemas que aquejan al sistema carcelario del país. Entre estos, destacaron especialmente la falta de una ley de ejecución penitenciaria; la inexistencia de jueces competentes y capacitados en la materia; el carácter militar de Gendarmería y la discrecionalidad de sus decisiones; la inexistencia del delito de tortura en el ordenamiento jurídico-penal chileno; las condiciones de los lugares de privación de libertad; la situación de los grupos vulnerables privados de libertad; las evidencias de casos de tortura en los recintos penitenciarios del país, y la necesidad de que el Mecanismo Nacional de Prevención sea entregado a un organismo distinto e independiente a los vaivenes del clima político imperante y que permita la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

En la instancia, ONG Leasur se refirió a los problemas estructurales que afectan a las cárceles nacionales, identificando especialmente los casos particulares que conoce a raíz del trabajo territorial que realiza. En particular, sus representantes se refirieron a las situaciones efectivas de tortura y malos tratos que afectan a las personas privadas de libertad, las sanciones disciplinarias extrareglamentarias que aplican los gendarmes y las dificultades que existen para detectarlas, y la impunidad que existe a nivel administrativo y penal. Especial atención suscitó la denuncia de las condiciones en que viven los presos que están en régimen de aislamiento, quienes sin haber recibido sanción alguna, deben soportar los mismos vejámenes de los que son víctimas los castigados. Así lo han podido constatar los equipos de Leasur que trabajan en los centros penitenciarios de Puente Alto y Colina II.

Todos estos factores constituyen carencias penitenciarias que de forma directa o indirecta inciden en la proliferación de prácticas abusivas al interior de prisiones chilenas. Por lo mismo, esperamos que el Gobierno conozca y tome en consideración el trabajo realizado en esta instancia, pues cuando el Ejecutivo decida escuchar la voz de las organizaciones de la sociedad civil respecto a las inhumanas condiciones que existen al interior de las cárceles, empezarán a abrirse las puertas para el respeto de los derechos de la población penal.

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