#LeySayén: proyecto busca modificar la normativa sobre procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia, respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de tres años.

“¿Qué hacemos?”, “hay que amarrarla no más, sino se nos escapa. Ponle los grilletes, y asegúrala a la camilla”. Así fue como nació Sayén Nahuelán Cayuhán, el día 14 de octubre del 2016.06

Su madre, Lorenza Cayuhán, se encuentra presa cumpliendo condena, por un bullado caso de robo a una forestal, en el Centro de Detención Preventiva de Arauco. Allí, como es constante en las cárceles chilenas, no hay atención médica permanente, ni general ni mucho menos especialistas. No hay cupo para enfermarse, pero Lorenza tuvo la mala idea de comenzar a tener dolores durante su embarazo. Venía manifestándole a la paramédico, hacía ya una semana, que tenía contracciones, dolores en las piernas y en el estómago. Pero fue sólo después de días que decidieron enviarla al Hospital de Arauco: en colectivo, custodiada y esposada.

Debido a su mal estado de salud es derivada durante la tarde del jueves 13 al Hospital Regional de Concepción, pero ahora engrillada. Así la mantuvieron hasta las seis de la tarde del día siguiente, luego de haber sido diagnosticada de hipertensión arterial en el embarazo, de haber sido intervenida con una cesárea de urgencia y de haber sufrido todo el proceso de parto frente a los ojos del gendarme que la custodiaba. Más tarde Margarita, madre de Lorenza, diría que el episodio fue imborrable, nunca podrá olvidar las condiciones en que nació su nieta.

La situación vivida por Lorenza, y también por su hija Sayén, lamentablemente no es única. Las historias de mujeres presas embarazadas siempre siguen la misma tónica, describen un proceso sin atención médica, en malas condiciones y con partos bajo medidas de seguridad desproporcionadas o derechamente innecesarias, como esposas, presencia de funcionarios o grilletes. Esto no es normal ni merecido, aun cuando se esté cumpliendo una condena.

Hoy en día, en Chile tenemos 3.979 mujeres presas a lo largo del país, cerca de un 8% del universo total de presos que llega a la suma de 48.256 (cifras a Noviembre de 2016, según boletín estadístico de Gendarmería de Chile). Del total de mujeres, un 58% está condenada por delitos de droga (lo que explica el aumento exponencial que sufrió la privación de libertad en mujeres desde la Ley 20.000) y un 88,5% declara ser madre.

En la práctica, en Chile a las mujeres con hijos menores de 2 años se les permite estar con ellos dentro de una unidad apartada de la demás población penal, llamadas “unidades materno-infantiles”, o salas-cuna como se les conoce comúnmente. En Chile, a Noviembre de 2016, existían 171 mujeres embarazadas o con hijos dentro de las 30 unidades salas-cuna que hay, donde sus condiciones distan mucho de lo que organismos internacionales han recomendado. Los espacios son pequeños, no hay capacitación a funcionarios de trato directo, el reglamento no reconoce el interés superior del niño a la hora de tomar decisiones, y no existe apoyo especialista durante el proceso de apego o de separación.

A estas mujeres, mayormente pobres, solas y con hijos, son las que se encierran, alejándolas de su familia y entorno, dejándolas sin ingresos económicos, y sin entregarles nuevas herramientas para su eventual salida de la cárcel. Con ella se encierra también a sus hijos o hijas menores, a pesar de todos los informes y recomendaciones que hablan de los efectos adversos de la prisión en el desarrollo de niños y niñas, ya sea en ellos directamente o a través del encarcelamiento de su padre o madre: Trastornos de emocionalidad, desadaptación social, figuras parentales ausentes o lejanas, todo lo cual incide en la personalidad y futuro de miles de niños, niñas y adolescentes quienes, lamentablemente, muchas veces deciden seguir el mismo camino. En resumen estamos condenándolos desde pequeños a una vida de exclusión.

Frente a esto, en países como Italia, Rusia o Argentina, las legislaciones contemplan la suspensión de la condena privativa de libertad (esto significa, en términos generales cárcel) respecto a mujeres que estén embarazadas o que sean madres de hijos menores. En el caso de Italia es hasta los 6 años, en Rusia, donde también existe, llega a los 14 años.

Por lo mismo, el día miércoles 4 de Enero, junto a EnMarcha ONG y Corporación Humanas, con el patrocinio del Senador Alejandro Navarro, decidimos presentar el proyecto de Ley Sayén, que busca tomar la experiencia comparada y recomendaciones internacionales, para evitar las malas condiciones a las que se somete a mujeres que embarazadas o con hijos menores a 3 años, haciendo improcedente la prisión preventiva y suspendiendo la condena privativa de libertad hasta el cumplimiento de esta edad mínima, recomendada internacionalmente como necesaria para el desarrollo temprano. Durante este tiempo siempre habrá sujeción a la autoridad y la comisión de un nuevo delito terminará con esta modalidad de cumplimiento.

Las conocidas Reglas de Bangkok (Reglas de las Naciones Unidas creadas para orientar en el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes), buscan evitar las medidas privativas de libertad en mujeres, porque entienden que la criminalidad femenina es muy diversa a la masculina, y tiene aristas diversas que no son solucionadas por la concepción androcéntrica en la que se basa nuestro sistema penitenciario – si es que nos aventuramos a hablar de la existencia de un sistema –.

Por cierto que pensar que esta iniciativa traerá como consecuencia mayor número de embarazos, o mujeres cometiendo delitos con niños o niñas menores de tres años, es caer en el apresurado pronóstico futuro que se da frente a este tipo de iniciativas, tales como fueron los argumentos que se escucharon el año 2004 en contra de la ley de divorcio y recientemente el año 2014 en contra del Acuerdo de Unión Civil. Nos parece un camino irresponsable y egoísta, que no se hace cargo de la situación que hoy por hoy viven cientos de mujeres en las cárceles del país, intentando desviar el foco y bajando el nivel de la discusión, pensando en el embarazo como una cuestión banal y utilitaria, desconociendo el proceso que significa para cada mujer, independiente de su condición, raza o sector socioeconómico.

Este proyecto, si bien es ambicioso y significaría un gran avance en política de género penitenciaria, no es suficiente para hacerse cargo del histórico aumento que ha sufrido la población penitenciaria en los últimos 20 años. Para dar solución a esto, hay que hacer mucho más, partiendo por tener claridad del estado actual de la materia. De nuestra parte, al menos, hay claridad en que el camino para esa solución no parte teniendo a mujeres embarazadas tras las rejas, pariendo amarradas y criando a niños y niñas en un ambiente tan abandonado como la cárcel.

Para conocer más sobre el proyecto de #LeySayén puedes ingresar a la página del la Cámara de Diputados y buscar el boletín Nº 11073-07.

 

Por: Sergio Faúndez, Sub-director de ONG Leasur. *En colaboración con Paula Altamirano y Josefina Arias, departamento de Niños, Niñas y Adolescentes Leasur.

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