El viernes 27 de noviembre, los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric acompañaron a María de los Ángeles Barros, subdirectora de Leasur, al palacio presidencial La Moneda para hacer entrega de la denuncia criminal interpuesta a propósito de las irregularidades detectadas en el Ministerio de Justicia durante la administración de José Antonio Gómez. El documento, que la organización presentó ante el Ministerio Público el pasado martes 24, tiene por objeto que se investiguen las razones por las cuales personeros de la cartera retuvieron en prisión ilegal y arbitrariamente a más de quinientas personas.
Mediante la acción, los parlamentarios y Leasur buscan instar a las autoridades a que se pronuncien acerca del actuar de la pasada administración del Minju. Según Barros: «Se pudo comprobar la existencia de una serie de actuaciones estatales abusivas, cuya consecuencia inmediata significó la privación de libertad injusta de varios centenares de personas». Y agregó: «Cuando se generó esta situación se presentaron diversos recursos de amparo y los tribunales de justicia calificaron el actuar del Ministerio como ilegal y arbitrario. Fueron más de quinientos recursos presentados».
Al respecto, Gabriel Boric señaló: «Hay un tema más complicado que es que el ministro Gómez actuó con prevaricación, esto es que no tenía la facultad de hacer lo que hizo, y los funcionarios públicos tenemos que actuar estrictamente conforme a derecho. Y el ministro Gómez violó esa norma». En sus palabras: «No hay justificación para negar los derechos de una persona, ni aunque estén presos».
Giogio Jackson, por su parte, aseguró que algunas personas permanecieron en prisión hasta seis meses más de lo que, por ley, les correspondía, lo que habría provocado tensiones en las cárceles, que derivaron en riñas y heridos. Asimismo, se refirió al caso de un interno que no pudo asistir al funeral de su esposa debido a que se encontraba recluido sin razón.
Según el diputado, la retención ilegal de estas personas podría tener, además, injerencia en su comportamiento fuera de la cárcel: «Está comprobado que quienes tienen rebaja en su pena por buena conducta reinciden menos», señaló. En efecto, la ley 19.856, promulgada en 2003, creaba un sistema de reinserción social para las personas privadas de libertad y buscaba promover la buena conducta al interior de los recintos penales, generar mejores perspectivas de integración y evitar, a largo plazo, la reincidencia delictual. Ninguno de los seis ministros que asumieron la cartera de Justicia entre 2003 y 2014 había alterado el procedimiento para otorgar el derecho a rebaja de condena.