Organizaciones entregan propuestas al Gobierno para mejorar el sistema penitenciario.

Vía Cooperativa

  • El Movilh, Revolución Democrática, Paternitas, 81 Razones para Luchar y Leasur se reunieron en una “mesa ciudadana” para abordar el tema.
  • Recomendaron “revertir el funcionamiento militarizado de Gendarmería”.

Un grupo de organizaciones sociales entregó esta semana al Gobierno un conjunto de propuestas para mejor el sistema penitenciario, las que dan cuenta del trabajo realizado por una “mesa ciudadana” que se conformó para discutir el tema.

En la instancia participaron, entre otras, la ONG 81 Razones para Luchar, la Comisión de Derechos Humanos de Revolución Democrática, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la Asociación de Directivos, Profesional, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (Adiptgen), las fundaciones Mujer Levántate y Paternitas y la ONG Leasur, que dejaron expresado su diagnóstico y sugerencias en un protocolo de acuerdo (ver archivo adjunto).

“La convocatoria de las organizaciones relacionadas al trabajo penitenciario, incluyendo a Gendarmería, el Ministerio Público y múltiples ONG’s, es uno de los éxitos más importantes de la mesa”, comentó Alicia Alonso, directora de Leasur.

Las organizaciones concluyeron que existe en estos momentos un “creciente desinterés en los derechos fundamentales” de las personas privadas de libertad y un “serio déficit en el diseño e implementación de los regímenes de reinserción”.

Propuestas

En esa línea, dentro de las principales propuestas del grupo se incluye la de impulsar la tramitación de una Ley de Ejecución Penal que cumpla con los estándares internacionales y que consagre los derechos y deberes de los reclusos.

También, establecer jueces de Ejecución Penal, pues el sistema chileno “sólo contempla al juez de garantía como juez de ejecución sin otorgarle un procedimiento claro ni facultades específicas para tal labor”, lo que redunda en la “falta de una efectiva tutela judicial para las personas privadas de libertad”.

Asimismo, los firmantes recomiendan “revertir el funcionamiento militarizado de Gendarmería”, así como inyectarle mayores recursos y “mejorar las precarias condiciones laborales que afectan a la institución”.

Proponen también “potenciar las relaciones interinstitucionales con el objeto de generar una cultura de colaboración” y consolidar la labor del Ministerio Público en las unidades penales, para que se investigue y sancione penalmente a los responsables de los delitos ocurridos al interior de los recintos penitenciarios.

Las organizaciones llamaron a “establecer normas para prevenir o remediar el hacinamiento en los centros de reclusión; mejoras las políticas de reinserción; y tomar medidas especiales tanto administrativas como penales respecto a ciertos grupos vulnerables, como mujeres, migrantes y adolescentes”.

Finalmente, aseguran que -a fin de asegurar una defensa eficaz de las personas imputadas y condenadas- “es necesario que el Colegio de Abogados vuelva a tener la tuición ética respecto de los letrados que trabajan con individuos privados de libertad”, pues se han dado casos en que abogados particulares abandonan la defensa de sus representados.

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