Sin #VotoPreso no hay democracia

Con la primera de varias cápsulas audiovisuales que publicarán en sus redes sociales, las y los voluntarios de LEASUR ONG, organización dedicada al examen y promoción de los derechos de las personas privadas de libertad, dieron el puntapié inicial a la campaña #VotoPreso, que en los meses de octubre y noviembre pondrá en la agenda pública la situación de casi 20.000 personas que hoy ven restringida la posibilidad de ejercer su derecho a sufragio pese a no existir impedimiento legal alguno.

Se trata de quienes se encuentran en prisión preventiva o cumpliendo penas restrictivas de libertad inferiores a 3 años y 1 día, es decir, constitucionalmente habilitados para ejercer todos los derechos que emanan de la ciudadanía resguardada en dicho cuerpo legal. Sin embargo, pese a lo anterior, el SERVEL y Gendarmería de Chile se han negado histórica y sistemáticamente a disponer de los medios necesarios para que las personas -en la situación descrita- puedan válidamente votar, contrariando incluso el mandato de una serie de resoluciones de la Corte Suprema que han oficiado constituir mesas de votación en los recintos penales.

Sergio Faúndez, director de la ONG, cree que además de inconstitucional, las instituciones relacionadas han tenido un comportamiento que ha fortalecido este tipo de prácticas:  “la Constitución actualmente solo limita el ejercicio del derecho a sufragio en caso de que exista condena a pena aflictiva o que la ley califique como delito terrorista. Dicha situación, que se ha entendido como una verdadera “muerte cívica”, no afecta a quienes se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad inferior a la señalada, o que hayan sido sujetos de prisión preventiva. El SERVEL no ha hecho eco de las distintas sentencias emanadas de la Corte Suprema que no solo han reconocido el derecho a voto de cierta parte de la población penal, sino que además han empujado a las instituciones del Estado a ofrecer las medidas necesarias para que puedan votar sin impedimento alguno”.

Solo una apertura hacia la participación efectiva de la comunidad más excluida y discriminada, como lo es la población penal, permitirá la construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva. La posibilidad de que los y las presas del país puedan votar, implica al mismo tiempo que los programas presidenciales o de candidatos en general, puedan tomar en consideración las precarias condiciones en que se vive hoy en la cárcel.

El registro de la primera cápsula, que contextualiza el problema, se puede encontrar en el siguiente link: https://www.facebook.com/leasur.ong/videos/672673272938081/

 

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