UDP lanza «Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2015». La publicación incluye un capítulo redactado por dos investigadores de Leasur

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El martes 20 de octubre, a las 18:30 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales tuvo lugar el lanzamiento del Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2015. La instancia contó con la participación de Juan Enrique Vargas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales; Tomás Vial, profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos de la UDP y editor general del informe; Judith Schönsteiner, directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP; Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos; Andrés Mahnke, defensor nacional público, y Kena Lorenzini, representante de la Corporación Humanas.

El informe anual de derechos humanos es una investigación multidisciplinaria que revisa el estado de los derechos humanos en el país de acuerdo con los estándares internacionales y las obligaciones que el Estado chileno ha contraído al respecto. Además, constituye la publicación nacional más importante sobre la materia y, durante trece años, ha contribuido a fomentar el debate ciudadano, generar cambios en las políticas públicas y avanzar en la protección de los derechos de todos los chilenos.

La investigación de 2015 incluye un capítulo acerca de la situación de los derechos humanos en las cárceles, que entrega una visión renovada del entramado penitenciario. El capítulo, titulado «Privación de libertad en Chile: desgobierno carcelario y afectación de derechos de la población penal», estuvo a cargo de los investigadores de Leasur Isabel Arriagada y Diego Rochow. En palabras de este último: «No se trata ya del análisis particular de cómo cada actor afecta o no protege  los derechos de la población penal, sino que intenta entregar una visión global de cómo la carencia de un sistema, de una institucionalidad penitencia coherente y las prácticas de los actores en el entramado penitenciario conculcan los derechos de las personas privadas de libertad».

A juicio de los autores, en Chile simplemente no existe un sistema penitenciario: «El “sistema” penitenciario chileno mal puede estar viviendo una crisis, porque ni siquiera es posible concebirlo como un sistema: solo existe un entramado institucional difuso y disperso, junto a una diversidad fragmentaria de organismos, normas, procedimientos y facultades, que impiden reconocer la existencia de un conjunto coherente y coordinado». Según los investigadores: «Esta fragilidad institucional contribuye a la vulneración de los derechos fundamentales de la población penitenciaria y a la ausencia de un Estado de Derecho en las cárceles».

Andrés Mahnke destacó que la investigación de Arriagada y Rochow permite concluir que el hecho de que la mayoría de los casos de tortura en Chile se den en la etapa de ejecución de la pena se debe a la ausencia de control y al desgobierno en que el Estado mantiene al sistema penitenciario. A juicio de Tomás Vial, esto guarda relación con que, sin que haya un sistema sancionatorio duro y una investigación eficaz, «torturar es demasiado fácil».

En este sentido, los académicos hicieron suya la conclusión de los investigadores de Leasur: «La correcta ejecución de la pena requiere una planificación institucional sistemática y coordinada, atenta a los estándares internacionales establecidos en los diversos pactos, principios y recomendaciones en materia de privación de libertad».

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