Discutir la cárcel, pensar la sociedad
El día 28 de octubre, Ángeles Barros y Diego Rochow, subdirectora y coordinador general de ONG Leasur, respectivamente, participaron del seminario «Discutir la cárcel, pensar la sociedad», desarrollado en Montevideo, Uruguay, con la ponencia «Privatización carcelaria en Chile: elementos para un diagnóstico crítico».
El evento se encuadra dentro del proyecto «Contra el sentido común punitivo», instancia que busca incentivar la participación ciudadana en la discusión respecto al problema carcelario en Uruguay. La jornada fue organizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Judiciales de dicho país, los coordinadores del mencionado proyecto, y contó con el apoyo de la Universidad de la República de Uruguay.
Abrió el debate la conferencia «La prisión y el discurso penal», a cargo del catedrático argentino Leonardo Filippini. Luego, el seminario continuó con tres mesas expositivas que abordaron diversos tópicos. La primera mesa, «Abordajes jurídicos sobre la situación penitenciaria en el Uruguay», contó con la participación de jueces y agentes parlamentarios de Uruguay, que expusieron sobre las carencias y particularidades de su sistema carcelario. Posteriormente, tuvo lugar una mesa dedicada a la historia de la prisión en Uruguay, la que fue moderada por Daniel Fessler, director del Centro de Investigaciones y Estudios Judiciales, y en la cual participó uno de los anfitriones y coordinador general del evento, el historiador Nicolás Duffau. Ambos abordaron los fundamentos y consecuencias sociales del asentamiento de la prisión como pena principal del sistema de justicia criminal en Uruguay. Hoy en día, las tasas de prisionización en dicho país alcanzan las 282 personas por cada 100 000 habitantes, ubicándose en el segundo lugar a nivel sudamericano y siendo superado solo por Brasil.
Finalmente, se desarrolló la mesa dedicada a analizar el fenómeno de la privatización carcelaria, cuestión incipiente en Uruguay ante el comienzo de la construcción del primer recinto carcelario concesionado en dicho país, bajo el mecanismo de Participación Pública Privada. Expuso, en primer lugar, Álvaro Colistro, miembro de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay. Luego, fue el turno de la subdirectora y el coordinador general de ONG Leasur.
La exposición de estos últimos relevó los aspectos teóricos y prácticos más problemáticos que ha presentado la experiencia privatizadora en las cárceles chilenas, ilustrando cómo la falta de estudios preliminares, la improvisación en el diseño institucional y la injerencia de agentes privados en una actividad eminentemente pública, como es la ejecución del castigo, genera nefastos resultados tanto en términos económicos para el Estado chileno, como en relación con la tutela y protección de las personas privadas de libertad. Al respecto, Ángeles Barros señaló: «La falta de una comprensión global del mundo carcelario, con sus particularidades, culturas y subculturas, y la ciega confianza del Estado chileno conllevaron un verdadero descalabro en la situación penitenciaria nacional, que hasta el día de hoy deja sentir sus efectos ». Por su parte, Diego Rochow explicó: «Más allá de cuál sea el rol que los agentes privados deben desempeñar en la ejecución penitenciaria, lo que subyace a esta discusión es cómo el mundo político utiliza la cárcel para afrontar la delincuencia como un síntoma de conflictos sociales inherentes a sociedades tremendamente desiguales. La cárcel en ningún caso corresponde a una forma de enfrentar los problemas desde una mirada de justicia y equidad social».
Es de esperar que instancias como estas, fomentadas desde el mundo académico y que buscan incluir a la ciudadanía en el debate en torno a los problemas que genera la cárcel en toda sociedad sean reproducidas en nuestro país. Esto porque, en cuanto la ciudadanía tome conciencia de que la cárcel es un problema y no una solución, será posible reconocer a los internos como integrantes de la comunidad nacional.
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