El martes 5 de enero Leasur firmó un convenio con el prestigioso estudio Chaves Awad Contreras Schürmann para analizar el artículo 61 de la Ley 20000/2005, que les prohíbe a los abogados de la administración pública actuar en juicios vinculados con delitos de tráfico de drogas.
El objetivo de estudiar esta normativa es determinar si vulnera el derecho a defensa de quienes son investigados o han sido condenados por este tipo de delitos, debido a que impide que un número importante de abogados asuma sus casos, lo que implica una discriminación que, a juicio de la ONG, es necesario revisar.
En palabras del director de Leasur, Carlos Sánchez, el convenio pretende: «Analizar y, eventualmente, cuestionar la legitimidad de las limitaciones que impone esta ley al derecho a defensa de las personas imputadas o condenadas por delitos de drogas», mientras que, según los abogados Miguel Schürmann y Marcos Contreras, el acuerdo ratifica el compromiso social de su estudio y promueve la atención de las necesidades básicas de los más necesitados.
Este convenio se suma al que Leasur firmó el 29 de octubre pasado con FerradaNehme, para estudiar el funcionamiento de los economatos al interior de los recintos penitenciarios de la región Metropolitana. Ambas iniciativas permiten enfrentar aspectos concretos del sistema penitenciario y poner en práctica la crítica a la política criminal del Estado chileno que guía el quehacer de la organización.