SANTIAGO. En el marco de la discusión acerca del proyecto de ley que «facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos», el día lunes 20 de abril del presente año se llevó a cabo la sesión ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, cuyo principal objeto fue continuar el estudio de las disposiciones normativas que se pretenden aprobar. En la oportunidad, fueron invitados Fundación Paz Ciudadana, el Instituto de Derechos Humanos y ONG Leasur, para dar a conocer sus opiniones, estudios y perspectivas en torno a la discusión de la tramitación y eventual aprobación del proyecto de ley.
En su exposición, Carlos Sánchez Rossi, director de Leasur, fue enfático en señalar que el proyecto de ley discutido adolece de vicios graves que ponen en tela de juicio la igualdad ante la ley y tiene una orientación político-criminal que no dicen relación con los principios que debiesen justificar la existencia del Estado democrático de derecho. «El proyecto de ley tiene graves problemas internos, así como también en lo relativo a su orientación político-criminal. En particular, respecto a los primeros, encontramos una deficiencia en la forma que se establece para la determinación de la pena, pues además de cercenar la facultad discrecional de los jueces que conocen de la causa, solo da certeza respecto a la aplicación de penas menores y no de las mayores. Esto nos parece inadmisible», señaló.
Asimismo, el director de Leasur indicó: «El proyecto hace algo así como un fraude de etiquetas, pues su fundamento es que las normas pretenden proteger “al ciudadano común y corriente, que se moviliza a pie o en transporte público”, y luego establece la restricción, por ejemplo, respecto al DL 321 sobre libertad condicional respecto del robo de cajeros automáticos. Esto es contradictorio. No se entiende en qué sentido la protección de dicho delito podría proteger con mayor intensidad al ciudadano de a pie».
En relación con la política criminal que inspira el proyecto, Carlos Sánchez destacó: «Está claro que todas las políticas que se proponen no se basan en evidencia empírica. Está claro que el contacto criminógeno en la cárcel tiene efectos que van en contra de la prevención de la reincidencia. Nosotros pensamos que este proyecto lo único que hace es promover un uso indiscriminado de la cárcel como una herramienta única de sistema, sin considerar que es una institución en crisis de la que ningún operador político se hace cargo. Las cárceles no son una solución, son un problema».
Puedes ver el video completo de la intervención en el siguiente link: http://streaming.camara.cl/vd/PROGC011504.mp4