Con motivo de la conmemoración de los cinco años del fatídico incendio en la cárcel de San Miguel, en el que fallecieron 81 personas privadas de libertad, el día 9 de diciembre, ONG Leasur organizó el conversatorio «A cinco años del incendio en la cárcel de San Miguel: 81 razones para repensar las cárceles en Chile», en el auditorio Matilde Brandau de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
El objetivo de la actividad fue escuchar y compartir los diagnósticos, reflexiones e ideas de distintos actores involucrados con el aparato carcelario chileno, a propósito de una de las mayores tragedias en la historia de las prisiones nacionales. Como expositores participaron Juan Pablo Gómez, defensor penal público; Álvaro Castro, investigador del Centro de Estudios de la Justicia de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y académico dedicado al estudio de temas penitenciarios; y César Pizarro, hermano de uno de los internos que perdieron la vida, y director de la ONG «81 Razones», agrupación conformada por familiares de las personas que perecieron calcinadas hace ya cinco años, y que promueve la denuncia de las vejaciones constantes que sufren los reclusos en las prisiones, así como la protección de los derechos legítimos de todo interno.
En términos generales, los expositores recalcaron la desidia del Estado en la administración de las cárceles nacionales, así como la nula disposición del mismo a mejorar las condiciones de habitabilidad e infraestructura en las unidades penales. El siniestro acaecido y la muerte de 81 personas privadas de libertad, solo generó una alerta momentánea y medidas de corto plazo por parte del gobierno de turno. Desde entonces, el Estado chileno no ha adoptado ninguna medida efectiva para asegurar que el cumplimiento de las condenas en las prisiones se desarrolle sobre la base de una noción que reconozca la dignidad de todo interno, así como su calidad de sujeto titular de todos aquellos derechos que, fuera de la privación del derecho a la libertad ambulatoria, la Constitución de la República asegura a todas las personas.
Es de esperar que atrocidades como el incendio en la cárcel de San Miguel no se vuelvan a repetir en el futuro y que el Estado de Chile decida de una vez hacer frente al hacinamiento carcelario, la tortura al interior de los recintos penales, las carencias infraestructurales, y la falta de cuidados médicos que día a día viven los reclusos a lo largo de todo el país.