El día 18 de noviembre se realizó el seminario «El derecho penal contemporáneo y la prisión: Una visión crítica desde el criterio de realidad». La instancia fue organizada por ONG Leasur y el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Mayor (CEDUM), y contó con la colaboración del Centro de Estudios Penales y Penitenciarios de la misma Universidad (CEPP).
El objetivo del evento fue entregar una mirada amplia respecto a la forma en que se ha construido el discurso penal en nuestro país y las consecuencias prácticas que ha implicado el recurso indiscriminado a la prisión. El primero en exponer fue Cristóbal Hasbún, con la ponencia «Derecho penal y justicia política». El investigador del CEEP remarcó la forma en que el concepto de «justicia política» puede incidir en la construcción del discurso penal en una sociedad determinada y la manera en que este debiera incidir en la construcción del sistema de justicia penal en Chile.
Posteriormente, fue el turno de María de Lluch Mir, directora del Departamento de Equipos Territoriales de Leasur, y Macarena Albornoz, directora del Departamento de Derechos Humanos de la misma ONG. En su ponencia «La prisión, la pena y sus consecuencias», ambas examinaron las consecuencias prácticas que ha acarreado el uso de la prisión en el sistema de justicia penal chileno. Bajo estos términos, señalaron que, desde la vigencia de la reforma procesal penal en el país, existe una deuda respecto a la ejecución de la pena. Manifestaciones evidentes de estas carencias son, según las investigadoras, la inexistencia de un juez de ejecución penal y de una ley de ejecución penitenciaria. Como consecuencia, los diversos agentes que intervienen en el desarrollo de una pena privativa de libertad se ven afectados en el correcto ejercicio de sus funciones y competencias. A modo de ejemplo, los defensores penitenciarios deben realizar importantes esfuerzos interpretativos de las normas para proteger los derechos de la población penal, los fiscales no cuentan con protocolos de actuación especializados para la investigación de delitos cometidos al interior de los recintos penales, y los funcionarios de Gendarmería carecen de recursos y capacidades suficientes en materia de derechos humanos para tratar diariamente con las personas que cumplen una pena en la prisión. Junto con ello, el entramado penitenciario no cuenta con normas ni personal con la experiencia necesaria para afrontar el encarcelamiento femenino y las necesidades particulares de las mujeres en el régimen penitenciario.
En términos propositivos, y como medidas concretas para enmendar la situación carcelaria del país, las expositoras destacaron que es necesario implementar urgentemente la figura el juez de ejecución penitenciaria, así como una ley de ejecución; reforzar el sistema de defensa penitenciaria a cargo de la Defensoría Penal Pública; crear o designar el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, deuda que el Estado chileno mantiene desde el año 2009; realizar una reforma profunda a Gendarmería de Chile; y racionalizar el uso de la prisión, por medio del recurso a las penas sustitutivas a la privación de libertad.
Finalmente, huelga señalar que el evento contó con la participación de más de 150 personas. Entre ellas figuraron miembros de Gendarmería de Chile, académicos nacionales, jueces y estudiantes, todos quienes, al finalizar las exposiciones, manifestaron sus inquietudes, haciendo de la instancia un espacio de reflexión y discusión activo que permitió apreciar tanto las posturas como cuestionamientos de diversos actores interesados en la realidad carcelaria chilena.