Es deber del Estado -en cuanto garante de los derechos personas privadas de libertad-, adoptar medidas específicas tendientes a asegurar ciertos derechos cuya vulneración es inadmisible. Dicha situación justifica la necesidad de especificar, en ciertas disposiciones constitucionales, normas específicamente dirigidas a asegurar la vigencia del Estado de derecho dentro de los recintos penitenciarios, limitando los alcances del poder punitivo estatal.
En el siguiente documento se encuentran contenidos lineamientos y propuestas para alcanzar un nuevo trato con las personas privadas de libertad, entendiendo que el proceso constituyente es una buena oportunidad para reestructurar la manera en que la Constitución Política aborda la pena privativa de libertad y sus consecuencias intrínsecas.
Propuestas para un nuevo trato constitucional para las personas privadas de libertad.
