Como ONG LEASUR declaramos lo siguiente:
Que repudiamos intensamente las agresiones y humillaciones sufridas por los imputados de nacionalidad ecuatoriana, difundidas sin ningún tipo de pudor por noticiarios y redes sociales el día miércoles 20 de junio, generando un debate sensacionalista, de escaso rigor técnico y sin consideración a argumentos alternativos que pudieran dar la altura de miras que se exige en este tipo de debates.
Ningún hecho que implique una contravención a la ley, por mayor o menor brutalidad que envuelva, justifica la tortura o el trato indigno contra otras personas. No es aceptable que a raíz de éstos, se vuelva discutir sobre cuestiones que ya han sido superadas por las sociedades modernas -más o menos- democráticas: la institucionalidad, pese a sus fragilidades y deficiencias, nos permite convivir dentro de un margen razonable de respeto.
La violencia en las cárceles de nuestro país es regla y no excepción, tanto al interior de la misma población penal (entre internos/as), como de Gendarmería de Chile respecto de ésta (entre gendarmes e internos/as). Así, las estadísticas demuestran que el segundo motivo principal de muerte en los recintos penales se debe a riñas entre los propios internos (desde 2013 a 2017, 257 internos murieron a causa de riñas), cuestión que evidencia, por una parte, un reflejo de las lógicas perversas en que se desenvuelve nuestra sociedad actual (de violencia en todos sus niveles); y por otra, la falta de interés y capacidad de las autoridades administrativas que tienen a su cargo la custodia de las personas que hoy se encuentran en la cárcel: el Estado ha abandonado sistemáticamente a los presos.
La realidad carcelaria chilena, de la que hemos podido dar cuenta desde nuestro trabajo, implica que toda persona que ingresa a la cárcel a cumplir condena pone en riesgo su vida y su dignidad, y con ello la de toda la sociedad. Las condiciones indignas de los recintos penales también implican una vulneración a los derechos más fundamentales de las personas, y acarrean consigo la imposibilidad de desarrollar un proceso tendiente a la (re)inserción en sociedad de quien ha cometido un delito.
Es urgente que las autoridades no solo rechacen estos hechos, sino que tengan la capacidad de proponer una política de persecución penal que garantice los derechos humanos de los y las privadas de libertad, con propuestas basadas en evidencia y no en la aceptación popular como se ha visto en las últimas semanas. Acciones como los “operativos de detenciones masivas” comandados por el mismo Presidente de la República, además de generar una falsa imagen de resolución de un problema real, como es la percepción de inseguridad, afianzan la idea de que todo esfuerzo y acción es válido “en la lucha contra la delincuencia”. Esa aproximación es la que luego permite que con total impunidad, en las cárceles se agreda, se mate y se viole, no solo a los internos mismos si no que a sus familias y cercanos.
Así también, es necesario que la sociedad en su conjunto, desde autoridades que hoy ejercen un cargo público hasta personajes del mundo de la televisión o del deporte nacional, puedan tomar con la seriedad que corresponde la ocurrencia de estos eventos. La irresponsabilidad mediática solo termina por profundizar desde la ignorancia la crisis que hoy se vive en la cárcel.
Es fundamental que podamos discutir con perspectiva de derechos humanos y sobre la base de información real lo que significa la privación de libertad y sus consecuencias. La campaña #Entérate de nuestra ONG busca difundir datos duros, promover un debate serio y con contenido, por lo que invitamos a todos y todas a participar activamente de ella, para enfrentar futuras situaciones desde una posición más sensata e informada.