El día de ayer, el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago emitió resolución en relación a un grupo de internos habitantes de la celda 1 del módulo 88 de CDP Santiago 1, por la vulneración a una serie de derechos, entre ellos el nulo acceso a la salud y dignidad de quienes habitan dicho módulo, sumado a la absoluta inobservancia de medidas sanitarias necesarias por parte de Gendarmería de Chile para evitar la propagación del virus COVID-19.
Los hechos denunciados son una muestra más del total abandono de las personas privadas de libertad por parte del Estado, en los que incluso se señala la falta de acceso a servicios sanitarios y de higiene y al no otorgamiento de medicamentos esenciales a enfermos crónicos. Lamentablemente, este hecho no es aislado, sino que nos muestra una vez más la realidad carcelaria chilena, donde las personas se ven enfrentadas a profundas vulneraciones de sus derechos humanos.
Como ONG LEASUR hemos intentado visibilizar y denunciar los tratos crueles e inhumanos de los que son víctimas las personas privadas de libertad, y hemos sido enfáticos en que dichas vulneraciones se han visto agravadas por la contingencia sanitaria, cuya causa también se encuentra relacionada a las dificultades para acceder a visitas presenciales por parte de organismos de Derechos Humanos y Defensoría Penal Pública en los recintos penitenciarios, cuestión que entorpece el proceso de control y denuncias.
Las encomiendas, proveedoras muchas veces de alimentos y medicamentos, se han visto limitadas por los recintos penitenciarios y por la autoridad gubernamental a través de permisos de desplazamiento que ya no contemplan esta necesaria acción, y en el caso de las mujeres privadas de libertad, además, estas encomiendas las proveen de artículos de higiene de las que Gendarmería ha negado hacerse cargo.
El acceso a la salud ha sido notoriamente limitado, el traslado para fines de control de salud fuera de los establecimientos penales es nula y no existen protocolos de búsqueda de casos positivos de COVID, y han debido ser las propias personas en contexto de encierro quienes se las han arreglado para cuidarse y protegerse del contagio masivo.
Los supuestos derechos a la alimentación, dignidad, salud, acceso al agua, visitas y conexión con el mundo exterior se han visto limitados a tal punto que es imposible hablar de derechos en tales condiciones. Así, a los internos e internas se les han negado absolutamente todos los derechos que derivan de su calidad de ser humano, y es algo que como organización de la sociedad civil, ciudadanes y autoridades de un Estado de Derecho, no podemos permitir.
Transcurridos más de un año de la pandemia, aún no se ha vacunado a la totalidad de la población penal, a pesar de su estado crítico de riesgo; no se les ha entregado artículos de higiene básicos para enfrentar la pandemia, tampoco un adecuado acceso a la salud y, a muchos, se les ha mantenido aislados y en deplorables condiciones como lo ha constatado el propio Tribunal de Garantía en este caso. Además de ello, la pandemia ha sido ocupada como excusa para limitar el acceso de otros derechos tan fundamentales como su derecho a ser visitado y mantener contacto con sus seres queridos.
Por este motivo, exigimos a las autoridades de Gendarmería, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Salud tomen las medidas necesarias para garantizar de forma permanente un trato digno y humano para todas los interno/as del territorio nacional y terminen con acciones que, a juicio de LEASUR ONG, son constitutivas de tortura.