Hoy nuevamente tenemos dramáticas noticias de lo que sucede al interior de una cárcel. Su escenario, la ya histórica cárcel de San Miguel donde se vivió un amago de incendio, el cual nos lleva al recuerdo de la tragedia ocurrida a fines del año 2010.
Hoy los medios de comunicación acusan a las presas preventivas de haber ocasionado tal siniestro, llamándolo “intento de motín”, sesgando la entrega de información como si un acto de inexplicable rebelión se hubiera desatado en sus interiores.
El fundamento de estas acciones, según lo informado por la prensa, vendría dado por el maltrato que habría dado personal de Gendarmería de Chile, al cuerpo de una mujer que habría atentado contra su vida.
Más aún, este nuevo caso viene a sumarse a la larga lista de violentos acontecimientos que han ocurrido en nuestras cárceles a lo largo de la historia. Lamentablemente, los incendios, las muertes y los hechos de tortura siguen pareciendo normales cuando ocurren en los recintos penitenciarios, y es que pareciera tenerse por sentado que la tortura y otros actos de violencia al interior de nuestras cárceles son regla, y no hay lugar a cuestionamientos. Peor aún, cuando existe resistencia a estas cuestiones que en la vida social consideraríamos como anormalidades, los actos son tomados como injustificados o violentos, o tratados como “amotinamiento”.
Hoy volvemos a tener la oportunidad de cuestionar aquella pasividad y normalidad con la que se enfrentan estos episodios en las cárceles, preguntándonos primero por qué una mujer en prisión preventiva llega a acabar con su vida y luego qué es lo que hace que en la prisión su cuerpo casi inerte pueda ser objeto de maltratos y faltas de respeto, sin ser considerado como algo aberrante. Ello refleja que la tortura en Chile sigue más vigente que nunca.
Aún no contamos con la versión oficial de Gendarmería de Chile, pero esperamos que, en el caso de verificarse los hechos tal cual han sido expuestos por la prensa, no sólo se apliquen las sanciones administrativas correspondientes sino que también haya una reflexión a nivel institucional por la formación y calidad de vida que se le entrega a sus funcionarios y funcionarias, lo cual repercute inevitablemente en el trato que reciben las personas privadas de libertad. Creemos firmemente que con esto se pueden minimizar estos episodios, pero nunca olvidamos que el problema de todo esto se radica en la cárcel misma como institución generadora de violencia.
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